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Las gestiones del presidente Reina en Washington para que el gobierno de Estados Unidos entregue al de Honduras la documentacion desclasificada de de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre violaciones a los derechos humanos en nuestro pais en la decada del '80 han tenido al parecer, buena acogida en los circulos de defensa de las garantias individuales. Un grupo de congresistas norteamericanos, en apoyo a la iniciativa del mandatario hondureno, enviaron una peticion al presidente Clinton en este sentido, que tambien coincide con los efuerzos de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los familiares del extinto sacerdote catolico James Francis Carney, supuestamente capturado y luego "desaparecido" en una selva de Olancho.
Con anterioridad, instituciones como la Fiscalia General, el Comisionado de los Derechos Humanos (COMIDEH), el Comite de Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) y el Comite de Familiares Desaparecidos (COFADEH), habian reclamado esta documentacion y. en efecto, alguna parte de esta ha sido entregada al COMIDEH desde hace algunos anos.
Sin embargo, esta informacion desclasificada y facilitada por el gobierno norteamericano es sumamente deficiente y por lo mismo, sin mayor utilidad legal porque no podria usarse como medio de prueba en los casos presentados o sujetos a ventilarse en los tribunales del Estado. Lo que el fiscal general Edmundo Orellana ha senalado a proposito de esta situacion es excato: "Lo que pasa con esa documentacion es que viene con tachaduras. Hay parrafos completos y hasta paginas completas que vienen borradas totalmente con manchas de tinta al punto de que no puede leerse lo que dice".
De nada han servido las solicitudes al gobierno de Estados Unidos para que facilite la documentacion completa, sin censura e identica a la original y esto tiene una sencilla explicacion, cual es la de que tales borrones sirven para eliminar todos aquellos datos que directa o indirectamente involucran a funcionarios norteamericanos en los hechos delictivos o que revelen situaciones y nombres de personas comprometidas, independientemente de la nacionalidad de estas.
Esta plactica muy comun en los sistemas de inteligencia de todos los paises, pero principalmente de las potencias dominantes, se hace excusable esgrimiendo el principio richelieuiano de "la razon de estado". De tal modo que, ante tal sustentacion politica, de muy poco valdran las apelaciones a la responsabilidad moral y el interes por la justicia, pues en este campo lo que impera es el llamado "doble standard" en las relaciones internacionales.
La informacion completa - especialmente la que probaria la participacion directa de la CIA en el entrenamiento de los sicarios del 3-16 y su vinculacion con la politica de eliminacion fisica y politica de la oposicion en la Honduras de la decada anterior, nunca sera entregada, a menos que eso sirva a los intereses de la politica interna de los Estado Unidos. En este sentido, son mas importantes los sentidos, son mas importantes los esfuerzos de la familia del pader Guadalupoe Carney.
Sin embargo, es muy posible la iniciativa del presidente Reina para motivar al gobierno norteamericano a permitir el acceso al material desclasificado de la CIA lo cual responde a una conviccion humanista ampliamente probada con muchos anos de lucha en defensa de los derechos humanos, que le merecio la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.